En un entorno democrático, las elecciones presidenciales y parlamentarias son el mecanismo central en el cual se cumple los principios democráticos como la legitimidad y voluntad ciudadana por lo cual genera estabilidad política. En esta coyuntura, la Cancillería es crucial para la participación de los ciudadanos residentes en el exterior, algo que representa desafíos logísticos e institucionales para cualquier Estado. El derecho al voto no solo es en el territorio nacional, implica a su vez el organizar y ejecutar el proceso electoral en el extranjero en coordinación con las autoridades electorales nacionales. En abril del 2026, Perú ha recibido nuevamente elecciones y mediante la Cancillería Peruana, ha visualizado en los últimos hechos electorales un rol operativo de creciente centralidad en la garantía del sufragio universal. 

La Cancillería Peruana ha tenido en cuenta hacia los peruanos en el extranjero por lo cual en colaboración con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) representan como actores principales en desplegar la infraestructura electoral fuera del territorio nacional. Se han desplegado más de 2400 mesas de sufragio en distintas ciudades del mundo, accediendo a más de 1.2 millones de peruanos, cifra dada por el Jurado Nacional de Elecciones, en países tanto de América o Europa, de tal forma en los demás continentes. Esta cifra no es menor, ejemplifica que su voto es importante con la capacidad de dar nuevos giros en los resultados del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República. 

La red de oficinas consulares se ha convertido en una mayor cobertura de distribución durante el sistema electoral. En cada consulado encargado de instalar mesas, el personal consular coordina la identificación de locales adecuados, la obtención de permisos, la coordinación con autoridades locales y la garantía de seguridad. Estos locales se ubican en zonas de alta concentración de peruanos (barrios, centros comerciales, iglesias o locales comunitarios), lo que facilita tanto el acceso como la concurrencia de los ciudadanos. Por lo cual, la Cancillería Peruana se encarga de organizar toda la cadena de logística desde el alquiler del local hasta la contratación de servicios de limpieza y seguridad para asegurar que en el día de la elección no exista ningún inconveniente, lo que evidencia una lógica de proximidad territorial que facilita la concurrencia y reduce las barreras de acceso al sufragio. 

Uno de los aspectos más sensibles del proceso fue la implementación del material electoral entregado por la ONPE, la Cancillería toma la responsabilidad de distribuir las cédulas de sufragio, actas de instalación, actas de sufragio y escrutinio, hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero y carteles de candidatos y resultados hacia los consulados por un sistema de transporte monitoreado. Su cuidado llevó resguardo por parte de la policía, embalaje especial y rastreo con el objetivo de prevenir incidentes y a garantizar la integridad del proceso. La entrega del material se realizó desde almacenes por ONPE en Lima para más tarde distribuirlo a las embajadas y consulados. El trayecto de material entre distintas ciudades conlleva a coordinar con aerolíneas, agencias de carga y autoridades locales, una vez más, los consulados son los responsables de su almacenamiento. La red consular desempeñó una función activa que en procesos electorales anteriores. Las oficinas consulares no solo fueron puntos de votación, sino centros de coordinación donde se organizaron los jurados de mesa, se supervisó el ordenamiento de la cola de votantes y se solventaron incidentes o dudas de último momento. El personal consular tuvo la responsabilidad de guiar a los ciudadanos en procedimientos como la verificación de documentos, la identificación de la mesa correspondiente y la correcta colocación del sufragio en la urna. Luego de la votación, se procedió a la elaboración de las actas de escrutinio, que fueron firmadas por los miembros de mesa y custodiadas por el personal consular. Estos documentos luego fueron enviados al Perú, donde la ONPE y el JNE los integraron al cómputo nacional.

Un aspecto que merece reconocimiento junto con RENIEC, son las medidas para reducir las barreras de participación de los peruanos en el exterior, como la prórroga de la vigencia de los DNI caducos (excepto el electrónico) extendida hasta el 12 de abril de 2026. Esto ha permitido que ciudadanos que no habían renovado su documento a tiempo puedan ejercer su voto lo cual inculca mayor inclusión democrática. En paralelo, también se han desarrollado plataformas en medios digitales como “Tu voto cruza fronteras” que concentran la información necesaria para los peruanos en el extranjero, dicha plataforma incluye una cartografía comunicativa de las sedes consulares habilitadas para votar, los horarios de votación, requisitos de documentación y orientaciones. Asimismo, ha articulado la difusión de información oficial con el JNE y la ONPE, evitando la dispersión de mensajes y la posibilidad de desinformación.

En un discurso institucional en 2025, el excanciller Hugo de Zela ha declarado que uno de los propósitos fundamentales de su gestión es garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Esta declaración adquiere peso político cuando se la sitúa en el contexto de un sistema electoral peruano históricamente marcado por la desconfianza ciudadana en las instituciones. Por lo tanto, la Cancillería no solo se ha centrado en temas de logística sino también en fomentar la inclusión política de los connacionales fuera de Perú. Es decir, que el voto en el exterior no sea un derecho o deber simbólico sino un elemento que también decide la toma de poder de ciudadanos al Congreso y Poder Ejecutivo. Aquellos 1.2 millones de compatriotas declarados por el JNE, son una muestra que la democracia peruana se piensa desde fuera de suelo nacional. 

En este sentido, la participación de misiones de observación internacional como las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), facilitada por la propia Cancillería, representa un elemento positivo en términos de transparencia. La acreditación de estos organismos no solo opera como un mecanismo de control externo, sino también como señal política hacia la comunidad internacional de que el Estado peruano asume estándares de supervisión democrática reconocidos globalmente.

En definitiva, el desempeño de la Cancillería durante las elecciones 2026 evidencia una transformación de su función dentro del Estado. Tradicionalmente asociada a la política exterior, la diplomacia bilateral y la promoción de inversiones, la Cancillería ha demostrado que puede desempeñarse también como un operador clave de los derechos políticos de los ciudadanos. La gestión para los compatriotas en el exterior, equivalente al 40% de participación, atribuye a la organización de miles de mesas de sufragio y la coordinación con el sistema electoral nacional, por lo cual, ha consolidado a la Cancillería como un actor central en la construcción democrática del país. Este rol no solo responde a un mandato legal, sino que responde también a la creciente importancia de la diáspora peruana en la economía, la cultura y la política del país. Los peruanos en el exterior contribuyen a la economía nacional mediante remesas significativas, participan en redes empresariales y culturales y ahora también influyen directamente en la definición de autoridades mediante su voto. La organización del voto en el exterior, en este contexto, se convierte en una herramienta de inclusión que reconoce la diversidad geográfica y social de la ciudadanía peruana.